Ídolos robados, defensores encarcelados, cámaras apagadas

Quienquiera que lo hiciera tuvo toda la noche. Entre la tarde del sábado 19 y la mañana del domingo 20 de septiembre, el templo Uttar Kalibari de Faridpur fue despojado de un ídolo de Kali de al menos 20 kilos, de los ornamentos de oro que lo adornaban, de pequeños ídolos de latón de Vishnu, Radha-Krishna y Manasa, y de una serpiente de plata enroscada en torno a un lingam de Shiva. El Shiva de mármol blanco sobre el que se alzaba la diosa quedó en su sitio. ¿Teología o precio del oro? La policía aún no se ha pronunciado. Las cámaras de videovigilancia del templo, como era de esperar, no funcionaban. Varios equipos policiales trabajan en el caso; no se ha recuperado nada.

La agencia de noticias IANS sitúa el robo en una oleada de ataques contra templos hindúes y minorías que comenzó bajo el gobierno interino de Muhammad Yunus y ha continuado con el actual gobierno del Partido Nacionalista de Bangladés. La depuesta Liga Awami va más allá y enumera despidos, ascensos bloqueados, viviendas y tierras confiscadas, y el reciente asesinato en Rangpur de un maestro hindú jubilado, Ganapati Chakraborty, y de toda su familia, ante el cual, según afirma, el gobierno del BNP permaneció de brazos cruzados. El partido conoce el tema: los hindúes también fueron atacados bajo su mandato, sobre todo durante los disturbios de la Durga Puja de 2021.

En Calcuta, el 31 de agosto, cuatro organizaciones indias pusieron cifras a esta tendencia: 66 miembros de minorías religiosas asesinados en 2025 y otros 44 en el primer semestre de 2026, además de templos vandalizados, tierras confiscadas y viviendas atacadas. Son cifras de activistas, no un inventario judicial. Las autoridades interinas de Bangladés calificaron la mayoría de estos ataques de políticos y no religiosos, con el argumento de que los hindúes eran atacados por ser presuntos simpatizantes de la Liga Awami. Pensada para tranquilizar, la explicación confirma sobre todo que en Bangladés la religión puede servir de carné de partido, y el carné de partido, de diana.

Las organizaciones también exigen la libertad de cuatro defensores. Shahriar Kabir, de 76 años, encarcelado desde septiembre de 2024, se enfrenta a una acusación de asesinato ante el Tribunal Internacional de Crímenes, el mismo tribunal creado para juzgar los crímenes de guerra de 1971 que él denunció durante décadas. Rana Dasgupta, de 77 años, enfermo de cáncer de próstata, no habría podido aparecer en público, y por tanto recibir tratamiento, desde hace casi dos años; sus allegados afirman que lo están «empujando hacia la muerte». El economista Abul Barkat, de 72 años, en libertad bajo fianza desde junio, sigue afrontando varias causas, entre ellas una acusación de malversación por préstamos del Janata Bank, que presidía. Y Chinmoy Krishna Das Brahmachari, un monje hindú detenido en noviembre de 2024, está acusado del asesinato de un abogado en Chattogram aunque, según sus seguidores, las pruebas presentadas ante el tribunal demuestran que estaba detenido en ese momento. La coartada perfecta: ya estaba en la cárcel.

Los activistas quieren que Nueva Delhi convoque al representante diplomático de Bangladés y lleve el asunto ante los organismos internacionales, y advierten de que el silencio sería una humillación para la India. Inseguros en su propio país y, según el activista Mohit Ray, incapaces siquiera de entrar en la India, los hindúes de Bangladés sirven sobre todo como argumento en las disputas ajenas.

Los gobiernos van y vienen en Daca, y los templos siguen siendo blanco de ataques. En Faridpur, las cámaras estaban apagadas. En Chattogram, el único sospechoso con una coartada a prueba de bombas es el que está entre rejas.

Fuentes: IANS vía ap7am (21 de septiembre de 2026); WION (31 de agosto de 2026). Contexto adicional: The Business Standard, PTI, Al Jazeera.