Pakistán incauta los libros, no a los pistoleros

Mirza Safdar Mahmood, de 65 años, acababa de salir de su taller mecánico en Mandi Bahauddin el 2 de septiembre cuando dos hombres abrieron fuego contra él. Murió en el acto, cerca del Eidgah de la ciudad, la explanada donde los musulmanes se reúnen para las oraciones del Eid. El escenario encierra una amarga ironía. Mahmood era áhmadi, miembro de una comunidad que se considera musulmana pero a la que la ley pakistaní prohíbe declararse como tal, y expertos de la ONU advierten de que los áhmadis pueden ser detenidos simplemente por celebrar el Eid, incluso en su casa. La policía declaró al diario Dawn que el asesinato parecía selectivo. No se le conocían enemigos. Tenía, eso sí, una fe, y en Punyab eso puede bastar.

El 19 de septiembre les tocó a Malik Mahmood Mubarak, de 70 años, y a su hijo Ayaz, de 40, tiroteados cuando volvían a casa en el distrito de Sargodha. Ambos sobrevivieron. Los atacantes huyeron en una motocicleta sin matrícula, y la policía registró diligentemente un primer atestado al día siguiente. No se ha informado de ninguna detención. En un país donde los asesinatos por motivos religiosos rara vez terminan en condenas, señala la organización de derechos humanos Voice of Pakistan Minority, un atestado así «se parece menos a la justicia que al papeleo».

Las instituciones pakistaníes, sin embargo, no están de brazos cruzados. Días antes del tiroteo de Sargodha, el Tribunal Constitucional Federal confirmó la prohibición en Punyab de Rohani Khazayeen, una colección de 23 volúmenes de escritos del fundador del movimiento áhmadi, al dictaminar que la libertad religiosa está supeditada a la ley, al orden público y a la moral. Los libros están incautados desde 2014, y así seguirán. En resumen, el Estado es capaz de localizar 23 volúmenes de teología. Una motocicleta sin matrícula sigue fuera de su alcance.

Nada de esto es casual. En 1974, el Parlamento de Pakistán zanjó una cuestión teológica mediante una enmienda constitucional que declaró a los áhmadis no musulmanes. Los artículos 298-B y 298-C del Código Penal convirtieron después su fe en una lista de delitos: un áhmadi que se llame a sí mismo musulmán se expone a hasta tres años de prisión. La organización cristiana de derechos humanos CSW, con sede en el Reino Unido, los califica como el grupo religioso «más oprimido institucional y constitucionalmente» del país. En junio, tres áhmadis resultaron heridos en un ataque por motivos religiosos en Rabwah, también en Punyab.

El 7 de septiembre, expertos de la ONU completaron el panorama: ataques contra lugares de culto áhmadis, tumbas profanadas, injerencias en la celebración del Eid, detenciones por prácticas religiosas, discursos de odio. Todo ello, afirmaron, con una «complicidad oficial tácita». Instaron a Islamabad a romper con la impunidad y a revisar las leyes contrarias a sus obligaciones en materia de derechos humanos. CSW, por su parte, pide a la comunidad internacional que exija cuentas a Pakistán.

Esto es lo que ocurre cuando un Estado se erige en juez de la verdadera fe. La ley vigila la etiqueta, los tribunales vigilan los libros y los pistoleros, por ahora, quedan relegados al papeleo.