De Milton Keynes a Melbourne, el califato ante los tribunales

Permiso de residencia indefinido, permiso indefinido para publicar

El 5 de octubre, un jurado del Tribunal de la Corona de Birmingham declaró a Abdullah Yousef, de 24 años y vecino de Milton Keynes, culpable de pertenencia al Estado Islámico, recopilación de información útil para un terrorista y seis cargos de difusión de publicaciones terroristas. Había creado un grupo de Telegram en el que, según la BBC, circularon más de 7.000 fotos, 21.000 vídeos y 270 enlaces: vídeos sobre fabricación de bombas, una guía del EI para atentados con cuchillos y vehículos, un documento titulado «cinturones explosivos caseros» y un vídeo que glorificaba el 11-S. Por si a alguien le quedaban dudas, lo dejó claro.

«Por cierto, soy terrorista».— Abdullah Yousef, en un mensaje de Telegram

Según el Daily Mail, llegó al Reino Unido de forma irregular a los 15 años haciéndose pasar por sirio, aunque la fiscalía sospecha que es egipcio. Obtuvo un permiso de residencia indefinido. Lo aprovechó para publicar. La condena se dictará más adelante.

El ama de casa del califato pierde su recurso

El 6 de octubre, el Tribunal de Apelación de Irlanda confirmó la condena de Lisa Smith, de 44 años, exsoldado de las Fuerzas de Defensa originaria de Dundalk, por pertenencia al Estado Islámico entre 2015 y 2019. En 2022 se había convertido en la primera persona condenada por un tribunal irlandés por un delito de terrorismo islamista cometido en el extranjero, y le cayeron 15 meses. Su defensa alegó que viajó a Siria por «una obligación religiosa» y que el único acto que se le reprochaba era su «papel de ama de casa»: cocinar y limpiar para su marido.

Los jueces no se conmovieron. Trasladarse al territorio del EI para apoyar su proyecto de construcción estatal podía bastar, dictaminaron, sin necesidad de combatir ni de hacer propaganda. La defensa la había comparado con una simpatizante del IRA. El tribunal respondió que el IRA nunca pretendió gobernar un territorio, mientras que el EI administraba tribunales, impuestos, policía y vivienda, y alentaba la migración. Ella se quedó hasta la caída de Baghuz, en 2019. Irlanda ya tiene jurisprudencia: en un califato, llevar la casa es sostener el Estado.

Terrorista a partir del 5 de noviembre, a la espera de un juez

El 29 de septiembre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y su gabinete designaron al Council on American-Islamic Relations (CAIR), que se presenta como una organización musulmana de defensa de los derechos civiles, organización terrorista nacional en virtud de una nueva ley estatal. Un primer intento, mediante una orden ejecutiva de diciembre de 2025, había sido bloqueado en marzo por el juez federal Mark Walker, que vio en él «la preocupante tendencia a utilizar un cargo ejecutivo para hacer una declaración política». Entretanto, Florida aprobó una ley. El CAIR volvió a demandar el 1 de octubre. El 6 de octubre, el mismo juez rehusó intervenir con carácter urgente: la designación no surte efecto hasta el 5 de noviembre, lo que deja tiempo para escuchar a ambas partes, el 22 de octubre.

El expediente de Florida cita la inclusión del CAIR como coconspirador no imputado en el juicio contra la Holy Land Foundation, cuyos dirigentes fueron condenados en 2008 por financiar a Hamás, presuntos vínculos entre sus fundadores y Hamás, y una designación de los Emiratos Árabes Unidos en 2014. El CAIR niega cualquier vínculo con el terrorismo. Un exresponsable antiterrorista del Departamento de Estado califica las pruebas de «extremadamente insuficientes», y Washington, que dispone del mismo expediente desde 2008, nunca designó al grupo. Eso sí, el CAIR tiene talento para poner en apuros a sus amigos: en diciembre de 2023, la Casa Blanca de Biden lo eliminó de los materiales de su estrategia contra el antisemitismo después de que su director ejecutivo dijera que le había «alegrado ver a gente rompiendo el asedio» el 7 de octubre.

Que no se lo digan al FBI

El 6 de octubre, el FBI detuvo a un estadounidense de 18 años en un aparcamiento de Richfield, cerca de Mineápolis, justo después de que pagara 600 dólares en efectivo por un AK-47, cuatro cargadores y 200 cartuchos. El vendedor era un agente encubierto al que tomó por miembro del EI, y el FBI había inutilizado el fusil. Según la denuncia, había jurado lealtad al EI en un vídeo grabado a modo de selfi y planeaba disparar contra entre 30 y 60 personas en el Mall of America el 24 de octubre, durante un festival de artes hmong. Sus motivos: el centro comercial era, según sus palabras, «propiedad de judio [sic]», y quería matar a blancos. Ante todo, era una cuestión de fe.

«lo ago [sic] únicamente por Alá»— El acusado, en un mensaje citado en la denuncia

En esa misma conversación, pidió que no se lo contaran a nadie. La denuncia se basa en cientos de mensajes intercambiados con un informante del FBI, que chateaba con él desde diciembre de 2024. Al principio quería unirse a Al Shabab o al EI en Somalia, pero no podía costearse el viaje. Minnesota conoce el patrón: hasta una veintena de hombres de la zona se marcharon a combatir con Al Shabab, y once fueron acusados en 2015 de conspirar para apoyar al EI. Contándolo a él, 282 personas han sido acusadas en Estados Unidos de actividades relacionadas con el EI desde 2014, según una base de datos de la Universidad de Nebraska. La audiencia sobre su prisión preventiva está fijada para el 19 de octubre.

Predicar a los conversos

El 8 de octubre, un magistrado de Melbourne concedió la libertad bajo fianza a un hombre de 65 años de Carlton acusado de pertenencia al Estado Islámico y de delitos relacionados con material extremista violento. Según la policía, juró lealtad al EI en 2018 y era el miembro más activo de un grupo de WhatsApp, con 9.754 mensajes, 3.189 imágenes, 1.609 archivos de audio, 811 vídeos y 487 documentos, entre ellos decapitaciones y ejecuciones. La Policía Federal Australiana lo acusa además de compartir guías para atentados con víctimas masivas y consejos para eludir la vigilancia.

Las autoridades se tomaron su tiempo. En 2020, la Fuerza Fronteriza australiana encontró en sus dispositivos vídeos de un predicador que promovía la yihad, y después lo dejó volar a Egipto. La policía registró su domicilio en 2024 y lo detuvo en septiembre de 2026. Dos semanas después, estaba en la calle: desde un ictus sufrido en 2023 necesita cuidados diarios en casa, y el magistrado consideró que la prisión no podía proporcionárselos. Sus condiciones: no salir de Victoria, no usar aplicaciones cifradas, no descargar material terrorista. En una audiencia anterior, su abogado sostuvo que la ley persigue el material enviado a «personas que no quieren recibirlo». Predicar a los conversos, en otras palabras, sería perfectamente legal.

Siete años después de la caída de Baghuz, el califato no tiene territorio, ni ejército, ni moneda. Lo que sigue teniendo es agenda judicial.