En guerra contra Dios, armados con piedras

Guerra contra Dios, versión ventanas rotas

En la República Islámica, los crímenes más graves llevan los nombres más rimbombantes. La «guerra contra Dios» y la «corrupción en la tierra» se castigan con la pena de muerte, y los jueces iraníes la reparten con generosidad. Sasan Azadvar Jonaqani, campeón de kárate de 21 años, fue ahorcado el 30 de abril por actos como, supuestamente, romper las ventanas de un autobús de la policía con piedras y una porra. Amir Hossein Hatami, de 18 años, fue ejecutado 84 días después de su detención por irrumpir en una base de los basiyíes, lanzar piedras y prender fuego a dos motocicletas. No se le acusaba de haber matado ni herido a nadie.

De los 29 manifestantes ejecutados entre el 18 de marzo y finales de agosto, 16 ni siquiera estaban acusados de haber matado a nadie, según Human Rights Watch y el Centro Boroumand. El fiscal general de Irán ya había marcado la pauta en enero: todos los alborotadores, hicieran lo que hicieran, están en guerra contra Dios. Al parecer, el frente del Todopoderoso pasa ahora por las ventanas de los autobuses.

«Por el amor de Dios, la ejecución no»

Las pruebas consisten sobre todo en confesiones obtenidas sin abogado y, según los acusados, bajo tortura: palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, amenazas de violarlos a ellos o a sus familiares. Cuando Saleh Mohammadi, campeón de lucha de 19 años condenado por matar a un miembro de las fuerzas de seguridad, se retractó de su confesión ante el tribunal, los jueces desestimaron su denuncia porque no se le veían marcas de tortura. Fue ahorcado unas cinco semanas después de su detención. La televisión estatal emite las confesiones. En una de ellas, un interrogador le dice a Shervin Bagherian, de 18 años, que está acusado de guerra contra Dios. El joven pregunta qué significa eso. La respuesta: la ejecución.

«Por el amor de Dios, la ejecución no. Señor, cometí un error».— Shervin Bagherian, 18 años, en un vídeo de confesión emitido por la televisión estatal iraní

En el caso de la plaza Shohada de Isfahán, diez de los dieciséis acusados fueron condenados a muerte en agosto, sin que ninguno estuviera acusado de asesinato. Entre ellos figura Taraneh Rahimi, de 20 años. Un abogado del caso ha presentado una denuncia por confesiones forzadas, palizas y agresiones sexuales contra ella y su hermana gemela.

Ahorcamientos públicos y un infarto

Para asegurarse de que el mensaje llegue, algunas ejecuciones se escenifican en público. El 28 de julio, Abolfazl Sepahi y Amir Hossein Safari fueron ahorcados en la plaza Alikhani de Isfahán, donde, según se informó, cuatro miembros de las fuerzas de seguridad murieron en enero. El primo de Abolfazl, Alireza Sepahi, debía ser ahorcado con ellos, pero sufrió un infarto al pie del patíbulo. Fue trasladado al hospital y luego devuelto a la cárcel, donde sigue en riesgo inminente. En la República Islámica, sobrevivir a la propia ejecución te vale un aplazamiento, no un indulto. Otras familias no reciben ningún aviso: algunos manifestantes han sido ejecutados en secreto, sin una última visita.

Todos son espías

Cuando la guerra contra Dios no basta, queda el espionaje. Una ley de 2025 que endurece las penas por colaborar con Israel y con Estados hostiles convirtió esa cooperación en delito castigado con la muerte y redujo el plazo de apelación de 20 a 10 días. Al menos ocho manifestantes ejecutados fueron condenados en virtud de ella, sin pruebas de espionaje alguno, según organizaciones de derechos humanos. El 19 de septiembre, Irán ahorcó a Hossein Pedaran, acusado de transmitir al Mosad información sobre emplazamientos de misiles en Isfahán, tras un juicio a puerta cerrada ante un tribunal revolucionario. Las organizaciones de derechos humanos contabilizan al menos una docena de ejecuciones de este tipo desde la guerra de junio de 2025. La retórica oficial presenta a los manifestantes como soldados rasos de un golpe de Estado estadounidense-israelí. En Irán, un manifestante es un terrorista, un agente del Mosad o, por comodidad, ambas cosas.

Protestar también es delito: el fiscal de Teherán ha abierto causas contra personas que se pronunciaron contra las ejecuciones, y al menos 19 abogados fueron detenidos en el mes posterior a las masacres de enero. Te pueden ahorcar por manifestarte, procesar por protestar y detener por defender a los acusados.

Crímenes de lesa humanidad

El 17 de septiembre, una misión de investigación de la ONU concluyó que la represión de las protestas iniciadas en diciembre de 2025 constituía crímenes de lesa humanidad: matanzas masivas, torturas, decenas de miles de detenciones arbitrarias y un apagón de internet en todo el país de más de cinco meses, el más largo jamás registrado. A algunas familias se les exigió pagar para recuperar a sus muertos y se las presionó para firmar declaraciones que los presentaban como agentes del Estado. Más de 70 personas, entre ellas cinco mujeres y tres niños, corren riesgo inminente de ser ejecutadas. La misma misión halló también motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra, entre ellos un ataque contra una escuela en Minab que mató a unos 120 niños, por lo que difícilmente puede tachársela de instrumento de Occidente.

Irán llevó a cabo entre 1.639 y 2.159 ejecuciones en 2025, según el recuento, la cifra más alta desde finales de los años ochenta, cuando una fetua de Jomeini envió a miles de presos políticos a fosas comunes. Más de 30 países, entre ellos Francia, el Reino Unido y Canadá, han acusado a Teherán de ejecutar a manifestantes para «silenciar la disidencia».

«Lo que realmente tenemos en Irán son ejecuciones arbitrarias».— Payam Akhavan, exfiscal de la ONU, agosto de 2026

La República Islámica acusa a sus manifestantes de hacer la guerra contra Dios. A juzgar por los hechos, la guerra es la del propio régimen, librada contra su juventud, plaza pública a plaza pública.