Condenado a muerte en apelación un trabajador migrante esrilanqués en un caso de blasfemia en Arabia Saudí

Un tribunal de apelación saudí ha condenado a muerte por blasfemia a Sivarasa Anojan, trabajador migrante tamil esrilanqués originario de Natpiddimunai, en Kalmunai (distrito de Ampara). El Tribunal Penal de Al-Ahsa lo había condenado inicialmente a cinco años de prisión y a una multa de tres millones de riales saudíes. Según su familia, la pena de muerte se dictó el jueves 17, cuando el tribunal resolvió su recurso.

Una disputa por un perro

El caso habría comenzado durante la Pada Yatra de este año, la peregrinación hindú anual a Kataragama. Un perro callejero que había recorrido cientos de kilómetros junto a los peregrinos, y al que los devotos llamaron Subramaniam, se convirtió en un fenómeno en internet. Un vídeo en el que un joven musulmán daba patadas al perro en Kalmunai provocó su detención y su posterior puesta en libertad bajo fianza. También desató un acalorado intercambio en las redes sociales, con comentarios incendiarios dirigidos contra distintas comunidades religiosas. La familia de Anojan afirma que un comentario que publicó en Facebook durante ese periodo fue denunciado posteriormente ante las autoridades saudíes y sirvió de base para la acusación.

Dudas sobre el recurso

El viernes 18, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Empleo en el Extranjero y Turismo declaró que seguía el caso a través de la embajada en Riad, en coordinación con la Embajada saudí en Colombo. Su comunicado no mencionaba la pena de muerte.

El jefe del grupo parlamentario del ITAK y diputado por Batticaloa, Shanakiyan Rasamanickam, pidió una intervención al más alto nivel diplomático. Según explicó, se aconsejó a la familia que recurriera, pese a que el asesoramiento jurídico obtenido por la embajada consideraba extremadamente bajas las posibilidades de éxito. La familia pagó 1.890.766 rupias en honorarios legales en una cuenta vinculada al secretario del ministerio. El recurso se presentó el 24 de agosto, pero la carta del ministerio en la que se remitía a la familia está fechada el 16 de septiembre. El recurso designa como abogado al letrado Adlan Abdullah Al-Subaie. Sin embargo, según la familia, fue otro abogado quien compareció ante el tribunal, y nunca se les facilitó su identidad ni sus datos de contacto.

Rasamanickam tiene previsto preguntar en el Parlamento quién eligió a ese abogado, en qué se gastaron los honorarios y si la gestión consular del caso falló.

«Al parecer, está en juego la vida de un ciudadano esrilanqués. Ahora deben agotarse todas las vías legales, diplomáticas, consulares y humanitarias disponibles».— Shanakiyan Rasamanickam

El viernes 18, la familia difundió un vídeo en el que instaba a las autoridades a intervenir.