Su condena a muerte es importante para nosotros. Por favor, no cuelgue
Seis años y medio después de compartir una canción por WhatsApp, un joven músico nigeriano sigue esperando a que el Tribunal Supremo de su país encuentre una tarde libre.
Seis años y medio después de compartir una canción por WhatsApp, un joven músico nigeriano sigue esperando a que el Tribunal Supremo de su país encuentre una tarde libre.
Sesenta y nueve bahaíes entre rejas, registros domiciliarios de Shiraz a Yazd, una mujer condenada a más de cinco años por ofender la ley sagrada del islam y agentes de seguridad que se llevan alianzas de boda y juguetes infantiles. En la República Islámica, perseguir a una minoría religiosa se ha convertido a la vez en un deber piadoso y en una fuente de ingresos. Modesta, según los economistas. Lo que cuenta es el principio.
Un tribunal paquistaní ha pedido a la fiscalía que justifique la admisibilidad y la autenticidad de las pruebas digitales utilizadas para condenar a Junaid Hafeez, exprofesor universitario condenado a muerte por blasfemia desde 2019, cuya apelación está pendiente desde 2020.
Sesenta y seis años después de la independencia, la capital de Malí necesita una escolta del ejército para recibir su combustible, su ministro de Defensa murió en una ofensiva yihadista y una filial de Al Qaeda dicta cómo deben vestirse las mujeres en los autobuses. La junta, que tomó el poder en 2020 para restablecer la seguridad, asegura que la situación está bajo control.
En Faridpur, unos ladrones se llevaron un ídolo de Kali y su oro mientras las cámaras del templo estaban averiadas. En Calcuta, organizaciones indias de derechos humanos contabilizaron más de un centenar de miembros de minorías asesinados en Bangladés desde principios de 2025 y a cuatro de sus defensores encarcelados o acosados. Daca ha cambiado de gobierno. Sus hindúes siguen esperando el cambio.
Desde junio, Abuya estaría respetando una tregua secreta con Boko Haram, sellada tras un presunto pago de cinco mil millones de nairas que el Gobierno niega haber efectuado. En Adamawa, hombres armados descritos como combatientes de Boko Haram pasaron siete horas matando a doce aldeanos y secuestraron a una niña de diez años. Los soldados llegaron veinte horas después. La discreción, al menos, quedó garantizada.
Solo en septiembre, un áhmadi fue asesinado a tiros y otros dos resultaron heridos en la provincia pakistaní de Punyab, sin que se haya informado de ninguna detención. Mientras tanto, el Tribunal Constitucional Federal del país encontró tiempo para confirmar la prohibición de los textos sagrados de esta comunidad. Cuestión de prioridades.
Un tribunal de apelación saudí ha condenado a muerte por blasfemia al trabajador tamil esrilanqués Sivarasa Anojan por un comentario en Facebook, en sustitución de una pena anterior de cinco años de prisión. Un diputado esrilanqués cuestiona ahora la gestión de su recurso por parte del Gobierno.
Dos hermanas hindúes de 13 y 14 años, presuntamente secuestradas, convertidas al islam y casadas en la provincia paquistaní de Sindh, suplicaron a un tribunal que las dejara volver a casa. El tribunal las envió a un centro de acogida. En Sindh, casar a una niña es un delito. Convertirla, como los clérigos no dejan de recordar a los legisladores, no tiene límite de edad.
Desde marzo, Irán ha ahorcado al menos a 59 personas por cargos políticos, entre ellas adolescentes, cinco de ellas en público. Sus delitos, según los tribunales: ventanas rotas, piedras lanzadas, motocicletas incendiadas, todo ello catalogado como «guerra contra Dios». Una misión de la ONU habla ahora de crímenes de lesa humanidad.
Cinco años después del regreso de los talibanes, una representante de la sociedad civil declaró ante el Consejo de Seguridad de la ONU que ser mujer en Afganistán es hoy un delito. En Ginebra, las ONG suplican al Consejo de Derechos Humanos que, al menos, siga hablando del tema: que renueve al relator, mantenga los diálogos y ponga en marcha el mecanismo de investigación. El relator, por su parte, tiene prohibida la entrada en el país desde 2024.
Dos cristianos de Pakistán han sido acusados en virtud de las leyes de blasfemia del país, entre ellas el artículo 295-C, que contempla la pena de muerte. Uno de los casos se refiere a supuestos comentarios sobre Mahoma; el otro, a un vídeo publicado en redes sociales.
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