En Irán, cualquiera puede hacerle la guerra a Dios
En octubre, Irán ahorcó o condenó a muerte, por enemigos de Dios o rebeldes, a un montañero, a un artista defensor de los animales, a un huérfano acusado de dañar bienes públicos, a una activista kurda, a un seminarista baluchi y a un profesor de Corán iraquí. Dos expertos de la ONU respondieron sumándose a la huelga de hambre de los presos.
El montañero, el artista y el huérfano
Ali-Sina Mostafavi, montañero y músico de 38 años originario de Kermán, fue ahorcado el 14 de octubre por moharebeh, «hacer la guerra contra Dios», una acusación tomada del versículo 5:33 del Corán. El poder judicial lo describió como un monárquico que se había sumado a las protestas de enero y lo acusó de disparos que hirieron a un civil y a una niña; las organizaciones de derechos humanos afirman que su confesión fue forzada. Dos días después, su funeral en Kermán fue cancelado por presiones de las autoridades, según informa Iran International. Llorarlo, al parecer, habría sido otro acto de guerra.
Homayoun Shabankareh, artista y activista por los derechos de los animales de 22 años, fue detenido en su domicilio el 14 de mayo en relación con la guerra, según HRANA. Tras meses en régimen de aislamiento, el 17 de octubre se le comunicó que el Tribunal Revolucionario de Karaj lo había condenado a muerte por moharebeh y espionaje. En Isfahán, Ilya Ben-Rashid, un joven árabe de 22 años de Ahvaz que cuida de su hermana menor desde la muerte de sus padres, fue condenado a muerte por moharebeh por la destrucción de bienes públicos durante las protestas de enero, y a 20 latigazos en otra causa. Aquella represión dejó entre 3117 muertos, según el propio recuento del Estado, y más de 30 000, según las organizaciones de derechos humanos.
Combatir al Estado Islámico es rebelión
Varisheh Moradi, activista kurda de 41 años originaria de Sanandaj, ha sido condenada a muerte ya dos veces por el mismo juez, Abolqasem Salavati, del Tribunal Revolucionario de Teherán. Su acta de acusación inicial citaba un artículo del Código Penal que prevé un máximo de 15 años de prisión. El Tribunal Supremo anuló la primera condena a muerte en diciembre de 2025 y ordenó ampliar la investigación. En lugar de ello, según su abogado, el tribunal cambió la acusación y, en una sentencia notificada el 14 de octubre, volvió a condenarla a muerte por baghi (rebelión armada), como miembro de la Sociedad de Mujeres Libres del Kurdistán Oriental. Los únicos combates que libró, según sus abogados, fueron contra el Estado Islámico en el norte de Siria. Se negó a comparecer ante un tribunal que no reconoce y recibió seis meses más de cárcel por sus cartas abiertas.
La oración, y después la horca
Omar Dorostaran, seminarista baluchi detenido tras la oración en Rask en abril de 2024, fue ahorcado en Zahedán el 12 de octubre por baghi, por su pertenencia a Jaish al-Adl, un grupo armado baluchi suní. El poder judicial sostiene que ayudó a preparar atentados en Rask y Chabahar; Iran Human Rights afirma que permaneció incomunicado y fue azotado para arrancarle confesiones. Es el decimocuarto preso político ejecutado este año por presuntos vínculos con grupos prohibidos, según el recuento de la ONG.
La víspera, Irán había ahorcado discretamente en Rasht a Ayoub Mohammad Nabil, un iraquí de 28 años originario de Haditha. El Tribunal Revolucionario lo declaró culpable de moharebeh «por espionaje para grupos respaldados por Arabia Saudí», algo que él negó. Según Hengaw, la causa se basaba en su identidad suní, su aspecto y las clases de Corán que impartía a los niños de la zona.
Huelga de hambre los martes
En 66 prisiones, los reclusos rechazan la comida todos los martes en protesta contra las ejecuciones, una campaña nacida en la prisión de Ghezel Hesar que va ya por su 143.ª semana. El 13 de octubre, Gina Romero, relatora especial de la ONU sobre la libertad de reunión, se unió a ellos durante 24 horas.
«Es la mayor concentración de ejecuciones políticas en Irán en casi 40 años».— Gina Romero, relatora especial de la ONU, 12 de octubre
El 20 de octubre fue el turno de Leopoldo Maldonado, relator de la ONU sobre la libertad de expresión, que contabiliza al menos 46 presos políticos y manifestantes ejecutados desde mediados de marzo y más de un centenar en riesgo inminente. En doce meses, la agencia de noticias kurda Kurdpa contabiliza 67 ejecuciones políticas, nueve veces la media anual de los 14 años anteriores.
«Nadie debería ser condenado a muerte por expresar opiniones».— Leopoldo Maldonado, relator especial de la ONU, 19 de octubre
En la República Islámica, incluso enseñar el Corán puede equivaler a hacer la guerra contra Dios. Todo depende de quién lo enseñe.
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